En las últimas semanas ha circulado un texto que acusa al Ayuntamiento de Lorca de ingeniería financiera, pagos dobles y fraude de ley en la gestión de la nueva Banda de Música. Sin embargo, cuando se analizan los expedientes con la Ley de Contratos en la mano y el conocimiento del protocolo municipal, el gran escándalo se desmonta solo. Es el clásico manual de cómo tergiversar la burocracia para ajustar cuentas personales.
A continuación, contrastamos el mito frente a la realidad legal de las tres grandes acusaciones:
- El NIF provisional y la «asociación fantasma» de 2025
- Lo que dice la acusación: Que la Asociación Banda de Música de Lorca no existía en 2025 porque su inscripción en el registro definitivo de la Comunidad Autónoma es de mayo de 2026, haciendo «radicalmente ilegal» que cobrara del Ayuntamiento.
- Lo que dice la Ley: Una asociación existe legalmente desde el día en que firma su Acta de Constitución, no desde que el funcionario de turno sella el registro meses después (Art. 5 de la Ley Orgánica 1/2002). Hacienda emite el NIF provisional (letra G) precisamente para que la entidad tenga personalidad jurídica inmediata y pueda emitir facturas, contratar seguros y concursar en licitaciones públicas de forma 100% legal. El retraso del registro autonómico es un trámite burocrático estándar en España que no invalida el trabajo previo.
- El «fraude del calendario» del 31 de septiembre
- Lo que dice la acusación: Que registrar un pago el «31/09/2026» (un día que no existe) constituye un indicio penal de Falsedad Ideológica Contable para camuflar dinero.
- Lo que dice la realidad contable: Cargar una errata informática a la cuenta del Código Penal roza el ridículo. Cuando los sistemas de Intervención Municipal cierran un lote presupuestario trimestral, el software de gestión genera automáticamente los asientos de cierre el último día del periodo. El «31/09» en lugar del «30/09» es un simple error de máscara de fecha del programa informático o un fallo de mecanografía perfectamente subsanable de oficio por los técnicos municipales, sin ningún tipo de recorrido jurídico.
- El «triple pago» y la confusión entre músicos y maceros
- Lo que dice la acusación: Que el Ayuntamiento paga doblemente por el mismo fin porque le da un dinero global a la Banda que incluye «maceros» y luego paga 250 € a dedo a particulares con su DNI por el mismo concepto.
- Lo que dice el protocolo institucional: El autor confunde los instrumentos de música con las mazas heráldicas. Los maceros no son músicos. Son figuras institucionales independientes que abren la comitiva del Alcalde. Si la Asociación de la Banda facturó por coordinar este servicio en una fecha concreta es porque actuó como proveedora logística autorizada. Los pagos individuales consecutivos de 250 € corresponden a las dietas oficiales de las personas físicas que ejercen de maceros en festividades distintas del calendario. Son personas distintas, funciones distintas y días distintos.
- El «piano fantasma» en un Teatro Guerra cerrado
- Lo que dice la acusación: Que se inventó una factura de 544,50 € a favor de Antonio Meca S.L. por trasladar y afinar un piano en un teatro cerrado por obras donde «no hay actividad».
- Lo que dice la conservación del patrimonio: Un piano de cola de un teatro público es un bien de enorme valor. Cualquier técnico cultural sabe que, precisamente durante unas obras (con polvo, vibraciones y cambios de temperatura), es obligatorio realizar labores de revisión y afinación preventiva para que el instrumento no se eche a perder de forma irreversible, con lo que lo procedente era el traslado del piano de cola del Teatro Guerra, en obras, al auditorio Margarita Lozano, donde se encuentra en la actualidad, y su posterior afinación. Cuidar el patrimonio municipal en época de reformas no es un soborno; es una obligación del consistorio.
🛡️ El verdadero trasfondo: Deuda heredada y regularización laboral
El texto del denunciante, Juan Bautista, alias «El Sibi», viejo músico de la antigua Banda Municipal, intenta mezclar estos trámites menores para atacar al actual presidente de la asociación, Antonio Meca, y sembrar dudas sobre el Expediente 79/2025 de más de 450.000 €.
La realidad es radicalmente opuesta: el nuevo modelo de la Banda de Música nació precisamente para acabar con las irregularidades del pasado, donde el antiguo sistema de «becas» acumuló una propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo. Para cumplir con la legalidad, el Ayuntamiento sacó a concurso público una licitación abierta y transparente, obligando por pliego a contratar laboralmente a los músicos.
Lanzar acusaciones de «troceo de contratos» cuando la masa principal de la música local ya está regulada bajo un gran concurso público carece de toda lógica jurídica. Las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción o el TACRC con las que amenaza el texto no son más que el desahogo mediático de quien intenta instrumentalizar la jerga legal para librar una batalla personal, sabiendo que sus argumentos no sostienen el más mínimo control de la Intervención municipal.
A.M.
