Era un 5 de Abril de 2010. La Agencia EFE me envía la siguiente noticia:
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desmantelado una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal, con un total de 22 imputados, que operaba en Murcia, Almería y Madrid, según ha informado el primero de estos organismos en un comunicado.
Las 22 personas implicadas actuaron como vendedores, intermediarios, compradores, empleados de entidades financieras y notarías por su presunta participación o colaboración en la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
La trama se descubrió gracias a una operación inmobiliaria fraudulenta de compra de tres fincas en la localidad murciana de Molina de Segura que incluía la entrega de 17.320 billetes de 500 euros.
La operación, denominada ‘Lila’, se inicio en 2007 en virtud de las investigaciones de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional que permitieron descubrir una operación inmobiliaria concebida para defraudar a la Hacienda Pública y blanquear ganancias ilícitas.
En esta operación, cuyo secreto de sumario se ha levantado, empresarios murcianos acordaron la venta de tres fincas situadas en Molina de Segura a otros de Almería y Madrid.
Sociedad instrumental
De este modo, y para evitar que la Agencia Tributaria descubriera el fraude fiscal, se simuló que una sociedad instrumental, administrada por un testaferro carente de recursos económicos, compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales por 24 millones en la misma notaría y el mismo día.
Mediante esta compraventa ficticia la plusvalía se generaba en la sociedad instrumental, eludiendo los verdaderos compradores y vendedores el ingreso en la Hacienda Pública de los correspondientes impuestos.
Así, el día de la formalización de las escrituras empleados de entidades financieras abonaron en efectivo 8,6 millones de euros en la propia notaría, mediante la entrega de 17.320 billetes de 500 euros que habían sido transportados en sacas hasta la notaría esa misma mañana por trabajadores de una empresa de seguridad a petición de los compradores. Este importe se repartió en la notaría entre vendedores y mediadores.
Por su parte, los vendedores utilizaron 3,3 millones de euros esa misma tarde como parte del precio no declarado en la compra de una finca en el municipio murciano de Aguilas, escriturada a un precio muy inferior al real.
Finalmente, las investigaciones realizadas a partir de esta operación pusieron al descubierto una trama de sociedades dedicadas al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas en diversos sectores, particularmente en la construcción.
¿Qué tiene que ver con Carraclaca. Y con el notario S.F.?
Veamos. el nombre clave es el de JAVIER BERRUEZO.
Savia Detectives Privados publica lo siguiente el 12 de junio de 2010.
La mayor fianza para el mayor fraude fiscal, del que se tiene constancia, cometido con billetes de 500 euros. Perpetrado con sacas enteras de billetes de color púrpura, aunque se tratara de dinero ‘negro’. Ejecutado con 17.320 billetes prensados en apetecibles fajos de idéntico grosor y peso. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Molina de Segura, Marta Florenciano Lajusticia, ha impuesto una fianza de casi 6,4 millones de euros (más de mil millones de pesetas) contra un grupo de destacados empresarios y promotores inmobiliarios de ámbito nacional, que se encuentran imputados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
El auto, dictado el pasado día 14, pretende asegurar el pago de las responsabilidades patrimoniales que puedan establecerse en su día, cuando recaiga sentencia, y por ello la juez ordena que, de no ser depositadas esas fianzas en el plazo de diez días, los citados empresarios sean «embargados de cuantos bienes posean para el pago de la cota defraudada: metálico existente en sus cuentas corrientes, salarios o nóminas -si es que las tienen-, inmuebles a su nombre, participaciones que puedan poseer en distintas sociedades…, oficiando a los respectivos administradores el embargo y quedando desde este momento intervenidas y a disposición del juzgado».
Entre estos destacados promotores imputados y amenazados de embargo se encuentran Juan Carlos y Luis Emilio Nozaleda Arenas, consejeros mancomunados de la sociedad Nozar Promobys S.L.; Rafael Ángel Salas Martín, también consejero de Nozar Promobys S.L. y ex diputado responsable de la Diputación de Almería por Alianza Popular (AP) a finales de los 80; el empresario almeriense Estanislao Berruezo García, presidente y consejero delegado mancomunado de Nozar Promobys S.L., así como su hijo Javier Berruezo, también consejero de esa sociedad, y los murcianos asociados en torno a Provisol Resort S.L. Antonio Javier Belmonte Albaladejo, Mariano Lorente Villa, Juan León Molina y José Francisco Moreno Riquelme.
La investigación por estos hechos, bautizada como ‘Operación Lila’ y desarrollada por los expertos en blanqueo de capitales y evasión de impuestos del Servicio de Vigilancia Aduanera y agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía, se inició en el año 2007, aunque no ha sido hasta muy recientemente cuando se ha tenido algún conocimiento del asunto, por haber permanecido declarado secreto.
Objetivo: ocultar plusvalías
Las diligencias judiciales, constituidas por doce tomos que están en poder de ‘La Verdad’, desvelan cómo el 8 de noviembre del 2005 se elevó a pública en una notaría de Molina de Segura una escritura de compraventa de terrenos por un importe total de 2.950 millones de pesetas (más de 17,7 millones de euros), de los que 750 millones de pesetas (algo más de 4,5 millones de euros) iban a ser entregados en ‘negro’ por la supuesta exigencia de los vendedores, los socios de la sociedad Provisol Resort S.L. (Mariano Lorente, Juan León Molina, José Francisco Moreno Riquelme y José Antonio Ruiz Dólera), que habían adquirido recientemente esas tres fincas con fines aparentemente especulativos.
El problema del dinero ‘negro’ se le planteaba al interesado en adquirir esos terrenos, el empresario almeriense Estanislao Berruezo, que se veía obligado a conseguir una enorme cantidad de dinero en metálico. Para solucionar el problema, siempre según los informes de los expertos de Aduanas y de la Policía Nacional, Berruezo decide presuntamente meter en la operación una sociedad interpuesta, sin actividad y a nombre de un ‘testaferro’. La mercantil elegida es ‘Sotos Herreros, José SLNE’, que estaba a nombre de un hombre que se encontraba en la indigencia y a la que se hizo figurar como titular de una opción de compra sobre las mencionadas parcelas.
De esta manera, formalmente sería Provisol Resort SL la que vendería a ‘Sotos Herreros, José SLNE’, por un importe de 2.200 millones de pesetas (13.222.266 euros), que es la cantidad que se iba a pagar en blanco. Y esta sociedad interpuesta la revendería, a su vez, por 2.950 millones (17,7 millones de euros), ya que en esa cantidad sí se incluían ya los 750 millones de pesetas que se iban a entregar en ‘negro’.
Quien en último término acaba adquiriendo los terrenos es el citado Estanislao Berruezo, que para esta operación se había asociado al 50% con unos importantes promotores madrileños, los hermanos Juan Carlos y Luis Emilio Nozaleda Arenas, propietarios del Grupo Nozar, dando origen a la mercantil Nozar Promobys SL.
Dinero ‘a capazos’
Como los vendedores exigían supuestamente que el pago de los 750 millones de pesetas en ‘negro’ se hiciera en el acto de la firma de la escritura, eso obligó presuntamente a los compradores a requerir de un banco de su confianza que trasladara hasta la notaría todo ese dinero en metálico, en sacas y en un furgón blindado con sus correspondientes vigilantes de seguridad. En realidad, la cantidad en metálico que se repartió fue de 878 millones de pesetas (5.276.886 euros), pues a la cuantía inicial se le añadieron otros 128 millones de pesetas, también en ‘negro’, que iban dirigidos en apariencia a pagar por los ‘servicios’ prestados por la sociedad interpuesta (se calcula que 120 millones) e incluso, especulan los investigadores, quizás incluso a gratificar al notario (ocho millones de pesetas) por cerrar los ojos ante una operación con tal apariencia de irregular.
Las ventajas que iba a proporcionar haber interpuesto una sociedad ‘fantasma’ en esta operación, en concreto, la mencionada ‘Sotos Herreros, José SLNE’, es que las aparentes plusvalías generadas por la reventa de los terrenos (de 2.200 1 2.950 millones de pesetas ), y que en realidad escondían el pago en ‘negro’ de 750 millones de pesetas, iban a ser ocultadas a Hacienda y, por tanto, no se iba a declarar un IVA que ascendía a 3,3 millones de euros (550 millones de pesetas). En caso de que se abriera alguna inspección o investigación al respecto, el sospechoso sería el indigente a nombre de quien figuraba esa sociedad interpuesta.
Berruezo quedaba ‘limpio’
Como el supuesto objetivo de Estanislao Berruezo era cerrar la operación dando la apariencia de que él y sus socios de Nozar sí habían cumplido con Hacienda, expidió supuestamente en la notaría un cheque ‘al portador’, para evitar que se supiera a quién iba destinado, por importe de 3,3 millones de euros, que era la cantidad que debía pagar a Hacienda en concepto de IVA. Ese dinero le fue reintegrado en dinero en metálico, en la misma notaría, y lo ‘blanqueó’ presuntamente ese mismo día, pagando con ello unos terrenos en Águilas, que se sospecha que fueron escriturados en una cantidad muy inferior a la que realmente se pagó.
Los investigadores consideran que, en total, el furgón blindado de una entidad bancaria de Molina de Segura trasladó a la notaría un total de 8.660.000 euros en billetes de 500 euros, que son los que habrían servido para pagar la parte en ‘negro’ de la compraventa (4,5 millones de euros), los ‘servicios’ prestados por quien suministró la sociedad interpuesta (unos 760.000 euros), el fingido pago del IVA de la segunda compraventa por parte de Nozar Promobys SL (3,3 millones de euros) y 90.000 euros de una falsa opción de compra. En suma, 17.320 billetes de 500 euros que acabaron siendo repartidos en la notaría.
La ‘Operación Lila’ se ha cerrado hasta el momento con 22 imputados, entre los que se encuentran vendedores, compradores, intermediarios y personal de entidades bancarias y de la notaría.
La juez instructora continuó ayer con la investigación tomando declaración como imputados a dos de los compradores, los hermanos Juan Carlos y Luis Emilio Nozaleda Arenas. Otros supuestos implicados, entre ellos el director de la oficina central de una entidad bancaria en Granada y varios intermediarios, tendrán que comparecer en las dependencias judiciales en los próximos días.
La Voz de Almería, en su edición de 20 de mayo de 2013 publicaba lo siguiente:
La investigación judicial que arrancó por la denuncia de un empresario al que habrían intentado estafar –y posteriormente coaccionar para que pagara 200.000 euros- en una ficticia operación de compra de dinares iraquíes ha acabado por destapar la actividad continuada de un presunto grupo delictivo que extorsionaba a empresarios a los que amenazaban haciéndose pasar por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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| La rama almeriense: Carmona, Vargas y Morales |
El sumario de la operación ‘Tres Reyes’ tiene documentados hasta cuatro casos en los que, de acuerdo con las imputaciones que constan en las diligencias policiales, se han visto involucrados seis empresarios (tres de Almería, dos de Murcia y uno de Málaga), a los que exigieron fuertes cantidades de dinero bajo amenazas, bien desde un primer momento, bien tras un intento fallido de estafa.
Según la investigación, en la actividad del grupo, perfectamente organizado y con una estructura piramidal, participarían con distintas funciones las siete personas imputadas en el sumario, las mismas que fueron detenidas los días 17 de abril en Málaga y Madrid (José Antonio Mateos, Ignacio Flores, Luis Miguel Graña) y el día 18 en Almería (José Abad, Rogelio Vargas, Ángel Morales y el exabogado jefe del Estado en Almería Demetrio Carmona). De ellos dos están en prisión, Abad y Mateos.
El ‘núcleo duro’ del grupo lo constituirían los cuatro primeros, mientras que los tres segundos aparecen identificados como quienes facilitaban la información de las posibles víctimas y la capacidad económica de éstas, valiéndose, sobre todo, del perfil de Demetrio Carmona, quien, por su posición de alto funcionario durante 25 años, poseía buena información y contactos del mundo empresarial de Almería, siempre según la investigación.
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| Edición de hoy de La Voz |
La actividad en la provincia se retrotrae a unos seis meses, a finales de 2012, cuando el grupo inicial, cuyos componentes residen en Madrid y Málaga, contacta con Demetrio Carmona, Vargas y Morales a través de antiguas relaciones de este último. Ante ellos se hacen pasar como agentes del CNI, engaño que estos creen hasta el final.
Acuerdo de reparto
A partir de ese momento –señalan los informes de la Policía Judicial de la Guardia Civil- y en base a la información que aportan los almerienses del grupo, da inicio la actividad delictiva “previo acuerdo de reparto del dinero que logren conseguir”.
Las víctimas eran empresarios que, o bien mantenían deudas o litigios con Demetrio Carmona y su entorno, o bien poseían algún bien (caso de los dinares) con el que intentar un engaño. La investigación determina que las acciones delictivas “se apoyan en la persona de Demetrio Carmona, el cual realiza un primer contacto con las víctimas y presenta a los otros miembros del grupo o a uno de ellos, dependiendo del hecho”.
Desde ese momento, los falsos agentes del CNI entran en acción exigiendo cantidades de dinero bajo amenazas de detener y encarcelar a las víctimas, ante las que alardean de tener información privilegiada de su actividad, pleitos y patrimonio por trabajar para La Casa (como es conocido el CNI en el argot de las fuerzas de seguridad).
Siete personas han prestado declaración en las últimas semanas ante la Guardia Civil y en el juzgado como perjudicados/testigos en este proceso. Además de los seis empresarios, figura un inspector de Hacienda de Málaga al que uno de los falsos agentes engañó para conseguir información de uno de los presuntamente extorsionados.
– Manuel Rodríguez Lozano es quien presentó denuncia después de que los falsos agentes de inteligencia le reclamaran 200.000 euros bajo amenaza de detenerlo cuando este percibió un intento de engaño en la propuesta de comprarle billetes de dinares iraquíes propiedad de una sociedad en la que este participa.
– Los empresarios murcianos Antonio Subiela (antiguo socio de Demetrio Carmona) y José Antonio García Subiela denunciaron haber recibido amenazas continuadas reclamándole una deuda de 6 millones de euros que estos mantendrían con Carmona por las antiguas sociedades en común. Las presiones, ejercidas por uno de los falsos agentes, concretamente José Abad, habrían llevado a exigirle que pusiera acciones del negocio de un manantial a nombre de uno de los miembros del grupo.
– Los empresarios de Tíjola Estanislao Berruezo y Javier Berruezo declararon haber recibido amenazas continuadas reclamándoles ingentes cantidades de dinero por parte de José Abad en nombre de Demetrio Carmona. Los Berruezo habían tenido negocios con Carmona y se habían enfrentado en litigios por desacuerdos con las sociedades.
– El malagueño José Morales reconoció haber pagado grandes cantidades de dinero al grupo fruto de un engaño continuado, a raíz de haber conocido a sus integrantes por Rogelio Vargas, llegando –según su declaración- a sufrir amenazas cuando quiso dejar de aportar dinero.
La investigación se amplía
La denuncia del primero de todos ellos fue la que dio origen a unas diligencias de investigación de la Guardia Civil a finales de enero.
Los primeros datos obtenidos, identificaciones y averiguaciones llevaron a los agentes a deducir que no se trataba de un caso puntual ni casual, sino que las personas que estaban detrás del presunto delito podían participar de una trama delictiva organizada, por lo que solicitaron la interceptación de teléfonos, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 1 a mediados de marzo. Las escuchas telefónicas y los seguimientos (con fotografías) de las reuniones de los implicados fueron destapando el alcance real de su actividad. Una actividad que, en resumen, consistiría en “adquirir información económica y patrimonial de personas con alto poder adquisitivo de la provincia y hacer uso de la misma para su lucro personal, intentando en algunos casos ejecutar delitos de estafa y acudiendo a la extorsión en caso de que no se pudiera llevar a efecto, o en otros casos acudir directamente a la extorsión, haciéndoles creer que eran agentes del CNI”.
Cómo funcionaba el presunto grupo criminal según la instrucción
Estructura
Los informes policiales que obran en la causa judicial dibujan un grupo de funcionamiento piramidal, con un reparto definido de funciones:
■ José Antonio Mateos era quien dirigía, coordinaba y dinamizaba el grupo desde una posición distante, pero en continuo contacto. Se hace pasar por capitán del CNI.
■ Ignacio Flores, Nacho, era la mano derecha de Mateos, quien transmitía sus instrucciones al resto e intervenía directamente en algunos casos.
■ Luis Miguel Graña, acompañaba siempre al segundo.
■ José Abad, Giuseppe, era quien contactaba con las víctimas, amenazaba con utilizar información privilegiada y exigía dinero. Controlaba también a los miembros almerienses del grupo. Se instaló en Almería y entabló una relación más personal con ellos.
■ Demetrio Carmona y Rogelio Vargas eran quienes aportaban toda la información sobre las víctimas y la capacidad económica de las mismas.
■ Ángel Morales realizaba funciones de enlace de Ignacio Flores y era la segunda vía de ‘control’ de las personas de Almería (Carmona y Vargas) para evitar que cobraran dinero de las actividades sin informar al resto.
Desde cuándo
La investigación establece que el presunto grupo criminal llega a Almería hace unos seis meses, a finales de 2012, si bien la relación entre ellos parte de años atrás. Es a través de los contactos con Angel Morales como acceden a este y a su círculo de amistad en Almería, que son Demetrio Carmona, quien ha ejercido durante 25 años como abogado del Estado en Almería, y Rogelio Vargas, abogado ejerciente en la provincia y amigo de Carmona. La relación la obtienen a través de Nacho Flores, quien se identifica ante ellos como agentes del CNI. Es quien les presenta al resto en distintos viajes a Madrid y Málaga. Se ofrecen para solucionar los problemas de Demetrio Carmona, cesado por esos días como abogado jefe del Estado. El engaño se mantiene hasta el final.
Modus operandi
La información del sumario describe una forma de actuar muy similar en todos los casos, que se resume en:
1.- Una primera entrevista con la víctima por parte de Demetrio Carmona o de una persona que viene en su nombre.
2.- Una relación comercial anterior con Carmona o un conocimiento de este de las actividades comerciales que realiza el empresario.
3.- La entrada posterior de otras personas distintas que se identifican como miembros del CNI e informan a la víctima de que poseen información por la condición y el cargo que ocupan.
4.- La exigencia de una cantidad de dinero por parte de esas personas, bajo amenazas de ser detenidos en caso contrario.
Falsos documentos. Placas y carnés.
A los integrantes del grupo que se hacían pasar por agentes se les incautaron placas y documentos falsos del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de la Defensa.
La rama almeriense
Demetrio Carmona del Barco, exabogado del Estado. La investigación le señala como la persona que, dado su conocimiento, proporciona información al grupo sobre empresarios (situación, patrimonio etc). En dos casos se trata de personas con las que tiene conflictos de dinero, a quienes el grupo intenta cobrar.
Rogelio Vargas Carmona, abogado. Al igual que el anterior, los informes policiales le señalan como persona que facilita información. Es asesor jurídico de Carmona en algunos de los pleitos que este mantiene con antiguos socios.
Ángel Morales. Empresario.
(Publicado en La Voz de Almería, edición de papel. Autorizada su reproducción)
El mismo modus operandi que en Limusa
Estamos hablando del mismo modus operandi de lo publicado respecto al todavía notario SEBASTIÁN FERNÁNDEZ RABAL, alias El Tatán y a su socio, el exrecluso FRANCISCO GIL EGUINO, alias Pachi, que siguen comprando terrenos y promoviendo viviendas en Águilas sin que nadie se escandalice. Es lo de la paja (con perdón) en el ojo ajeno.
La sociedad compradora está activa, ha entrado legalmente en la subasta y otra cosa será que, en un futuro más o menos lejano, o nunca, se le embargue por la AEAT como responsable civil de lo que un juez decida. ¿O vamos a condenar a un empresario, por muy chorizo que le pueda parecer a algunos, a que jamás pueda levantar cabeza? ¿Lo lapidamos en la plaza pública o lo quemamos a lo Juana de Arco? El tiempo, y los hechos, irán poniendo a cada cual en su lugar.
Muy diferente es lo que yo, en aras de mi libertad, pueda pensar. Otros se dedican a poner propiedades a nombre de sus familiares para eludir sus responsabilidades y van por la calle con la cabeza bien alta. Eso sí sujeta figuradamente con un palo que les sube por el orto.
Y no puedo por menos que preguntarme si de verdad era necesario escribir un artículo empezando por decir que en Lorca ya no se van a construir esas 900 viviendas «para jóvenes», cuando JAMÁS estuvieron en la cabeza de nadie, salvo en la boca de algún tontolhaba. Tiempo habría tenido para hacerlas. Igual se van a construir 9.000. Sitio hay, y las empresas no están para dejar solares vacíos. Ni tan siquiera SUVILOR.
Y que alguien esté investigado por «delitos contra la Hacienda Pública», en palabras del todavía presidente de la cosa esa del Bobierno de España no debe ser tan grave como para ponerlo en un titular si él mismo sigue defendiendo a ZP de lo indefendible. La imagen de «Bambi» cargado de joyas como la mismísima Majaraní, Anita Delgado, lo han crucificado.
¡Qué bajo ha caído el «periodismo serio»! Pensaba que para esos lodazales estaba LORCA DIGITAL, pero me equivocaba. Me han superado. Por abajo. «El comprador de los terrenos de Carraclaca está investigado por delitos contra la Hacienda pública», titula un tal Jaime Ferrán.
¿Empezamos a tirar de la manta con todos o solamente con los que compran terrenos que otros quieren gratis?
